Contraloría plantea recomendaciones Gobierno al Regional Pasco para fortalecer el Control Interno

El Contralor Regional Centro, Ing. Guillermo Uribe Córdova, sostuvo esta mañana una reunión con el Gobernador Regional de Pasco, Ing. Teódulo Quispe Huertas, para plantear una serie de recomendaciones que fortalezcan el control interno y así lograr una gestión eficiente y transparente que conlleve a una adecuada utilización de los recursos públicos.

En la cita participaron también el Contralor Regional de Pasco, Vladimiro Vegas Palomino y el Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Eli Puente Astuhuaman, para recibir las inquietudes de la máxima autoridad regional, sobre hechos que dificultan la gestión. Entre ellas, numerosos casos de cartas fianzas falsas y los laudos arbitrales en perjuicio del Gobierno Regional de Pasco.

Sobre a esta problemática, la Contraloría informa que ha efectuado la auditoría correspondiente y ha emitido un informe identificando responsabilidades penales, civiles y administrativas; asimismo, en el caso de los laudos arbitrales ha recomendado implementar controles tanto para la gestión de los contratos así como para el proceso de defensa legal de la entidad.

De otro lado, en la reunión de coordinación se ha logrado el compromiso del Gobernador Regional para fortalecer el control preventivo, como parte del nuevo modelo que impulsa la Contraloría para evitar perjuicios económicos y orientar a las autoridades en la mejora de la gestión.

Al respecto, Guillermo Uribe explicó que es necesario reforzar la lucha anticorrupción como tarea de todos. “El control interno permite reducir los riesgos de corrupción y contribuye al logro de los objetivos y metas institucionales, para ello se requiere la voluntad política de los titulares de cada Entidad. Reconozco el compromiso que ha mostrado hoy el Gobernador Regional de Pasco para encabezar esta lucha y veo con gratitud la iniciativa de fortalecer al OCI, dotándolo de recursos”, sostuvo.

De esta forma la Contraloría General de la República reafirma su compromiso de lucha contra la corrupción, impulsando su rol fiscalizador y supervisor para verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.

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